Una cuestión conceptual, en donde la voluntad y decisión política es esencial para articular la necesaria planificación de la ciudad.

FRANCISCO RAMOS-MARRAU. Francisco Ramos-Marrau es arquitecto y urbanista

A cuatro años del Bicentenario, los debates sobre la ordenación del territorio, la ley del suelo y la organización de las regiones como verdadero motor de desarrollo todavía están en un estadio incipiente. Si bien no son motivo especifico de esta reflexión, podría ser interesante poner estos temas en la agenda gubernamental lo antes posible, ya que son básicos a la hora de tratar la equidad, la justicia, la integración nacional y continental.

Si la planificación es escasa y las regiones, por decirlo así, "están pero no están", lo más probable es que los habitantes de las zonas más castigadas emigren a la ciudad y a su conurbanación. Lo harán pensando en vivir mejor, con trabajo y vivienda, aunque en realidad encuentren desocupación, malas condiciones de trabajo y sueldos basura, y ensanchen los asentamientos de todos los municipios de la ciudad y su gran cordón periurbano.

Sería magnífico llegar al Bicentenario con una ley de ordenamiento del territorio y del uso del suelo a nivel nacional. Es imprescindible, es factible y sólo necesita de convicción y voluntad política.

Con esta ley se podría, también, regular la realización de planes generales urbanos en las ciudades mayores a 25 mil habitantes, en tanto las menores podrían utilizar la figura de las normas subsidiarias (pequeños planes generales) que tan bien ha funcionado en España bajo la forma de Ayuntamientos Democráticos.

La formulación de un Plan General para una ciudad de 200 mil habitantes no significan más de 300 mil pesos, cifra insignificante comparada a los números que maneja la obra pública. No es una cuestión económica: es sólo una cuestión conceptual.

En el caso de Buenos Aires, la ciudad y los municipios que la rodean se encuentran en una buena situación para abordar de una buena vez los desequilibrios y las injusticias que ello trae, a pesar de la inexistencia de este paraguas normativo. Si hay convicción y voluntad para realizarlos en la ciudad de Buenos Aires, la Oficina de Redacción del Plan General (con equipos redactores multidisciplinarios y participación de los ciudadanos) están en una buena situación, dada la inminente descentralización de la Ciudad en comunas.

Hay que aprovechar esta oportunidad de la manera más sensata posible. Quizá, una de las primeras determinaciones sea reformular el órgano responsable de su realización.

Así como los Centros de Gestión de Participación Ciudadana (CGP) no resultaron los más idóneos para la descentralización y dejarán de existir a partir del 31 de diciembre del 2006, es probable que el Consejo del Plan Urbano Ambiental pueda seguir un camino similar, ya que ha sido ineficiente: está desfasado ante el nuevo marco institucional y hay muchas dudas sobre su capacidad para contener la voraz especulación inmobiliaria, en todos los rincones de la ciudad.

Una nueva Buenos Aires debe surgir con esta descentralización administrativa, política, económica, social, física, productiva, de cargas, de flujos viales, de sistema ferroviario de cercanías, de red de subterráneos, de participación ciudadana y más ingredientes que deben entrar en juego para el análisis, diagnóstico y determinar las políticas de intervención que hacen a un Plan General de Ordenación Urbana.

También los municipios del Conurbano, que necesitan urgentemente planes urbanos, podrían tomar la decisión de hacer sus planes generales. A esta toma de decisión favorece el deseo mayoritario de la ciudadanía respecto a sanear el inmundo Riachuelo, las inmensas manchas de asentamientos hacinados, las incontables villas miseria, la inseguridad, y la programada construcción de viviendas del Plan Federal y de obras de infraestructura.

Abordar ésta problemática ayudaría indudablemente, a generar el escenario propicio para articular la necesaria planificación de la Ciudad.

Fuente: Clarin